BUENOS AIRES.- Cristina Fernández ha señalado más de una vez que su trabajo pasa por arbitrar conflictos y que de eso se ocupa con carácter prioritario. Es exactamente el rol de un Presidente, pero no sólo le ocurre a ella, sino que en la cadena de mandos le sucede, desde las familias hasta las empresas, a todos los que toman decisiones.
Claro que, a veces, tener que desandar un camino tantas veces alabado resulta frustrante, y para un político mucho más, sobre todo, cuando toda la estantería se cae de golpe, como el clamor de la ciudadanía por la inseguridad, el miedo de la sociedad a la penetración del narcotráfico o cuando hay que devaluar, reconocer a regañadientes la inflación o ponerle un techo a las negociaciones salariales.
Así, en esa tensión, el gobernante se define hacia uno u otro sentido de acuerdo a cómo visualice la realidad, no sólo por aspectos ideológicos, sino por conveniencias electorales o posicionamiento personal. Desde ya, ninguna de las resoluciones que toma resulta inocua, porque en ese proceso de arbitraje permanente se define no sólo el corto plazo, sino el futuro y por eso, el cuidado que debería tenerse al respecto.
Sin embargo, como el kirchnerismo ha hecho del aquí y el ahora una religión y el horizonte casi no existe, los caminos se eligieron casi siempre de modo vertical y espasmódico, sin medir otras consecuencias que el rédito inmediato. Para quien se siente dueño del pulgar decisorio, no es lo mismo propiciar el consumo a costa de la inversión, ignorar la inflación o la inseguridad o alejarse del mundo para no rendir cuentas, que tener que emparchar todo lo anterior, rogarle a la comunidad de naciones otra oportunidad o propiciar un ajuste interno que se haga cargo de la fiesta.
Hasta hace unos meses, en nombre de la inclusión y de la mejora en la distribución del ingreso, la brújula presidencial se orientaba hacia determinados sectores de la sociedad, aun a costa de no escuchar las voces que le advertían que sus políticas económicas iban a golpear, antes que a nadie, a los sectores más vulnerables.
Hoy, la devaluación ha enriquecido más que a ninguno al Estado a costa de los privados y cuanto más pobres peor; mientras que la suba de tasas ya ha empezado a horadar el crédito, a poner signos de interrogación hacia el futuro en cuanto a la calidad de las carteras bancarias y a frenar los procesos productivos, con atisbos de problemas de empleo que le otorgan a los empresarios un argumento de oro para frenar aumentos de salarios: la fuente de trabajo o el bolsillo.
En ese aspecto, el Estado como empleador y como testigo que quiere ser de las paritarias de los privados, no la está pasando nada bien con los docentes, ya que ha ofrecido una magra retribución para los maestros que recién se inician y un premio por presentismo que los gremios consideran humillante.
En esas cosas de nuevas tomas de decisiones anda Cristina por estos días, aunque ella y sus voceros se enojen con los medios porque difunden o comentan estos problemas, mientras tratan de poner afuera del Gobierno las culpas de toda la situación con alambicadas explicaciones que caen siempre en lo mismo: la supuesta acción desestabilizadora de los medios. “Mañana me titulan...”, suele decir la Presidenta para curarse en salud.
En ese asunto, como buen alumno presidencial, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien parece sinceramente agobiado por tener que salir a refutar a diario afirmaciones de la prensa -aunque en realidad debe estar presionado puertas para adentro para que lo haga, ya que inauguró y sostiene con mucho esfuerzo un sistema de comunicación presencial, inédito para el kirchnerismo-, le ha dedicado todos los días de la última y corta semana un parrafito a los medios en sus conferencias matinales, desde consejos sobre cómo editar noticias hasta duros reproches por la cobertura de determinadas cuestiones.
“No debe ser (tomado) el tema del narcotráfico o el consumo de estupefacientes como un relleno cuando no hay otra noticia, porque cuando no hay variación del tipo de cambio, cuando no hay incidencia del dólar “blue”, etcétera, nos ocupamos del narcotráfico”, expresó el viernes, como si el periodismo tuviese que pedirle permiso a alguien a la hora de elegir qué publicar o qué no.
Cuando Capitanich habla de medios “hegemónicos” se supone que, aunque el Gobierno entiende poco del rol de los mercados y de las elecciones individuales de todos los días, más allá del acto comicial, le hace un reconocimiento a la preferencia del público y que no toma en cuenta la cantidad de bocas de salida de la información oficial.
El funcionario emprendió contra los medios no gubernamentales también el jueves último, en un tópico ultrasensible, como es el combate contra el narcotráfico y quien lo debe encarar: “los temas de seguridad pública, independientemente de la pretendida instalación permanente respecto de que es una responsabilidad de carácter nacional, incumben y competen a las provincias”, dijo Capitanich.
Pero luego fue más tajante, inclusive, por la gravedad de los adjetivos: “hay una estrategia permanente, tendiente a generar una información muchas veces con una intencionalidad manifiesta y alevosa por parte de determinado tipo de medios de comunicación, respecto del tema de narcotráfico o sus correspondientes niveles de instalación”, añadió.
Es decir que también en esta cuestión tan peligrosa, el Gobierno cae en el mismo error de diagnóstico que lo ha llevado en las últimas semanas a tener que virar en sus concepciones sobre aspectos económicos, para sinsabor de la Presidenta: barre debajo de la alfombra.
El contraste político más contundente que tuvo el kirchnerismo en la semana, se lo propinó el diputado del Frente Renovador Sergio Massa, a partir de sus denuncias sobre el “olor” a garantismo que tiene el anteproyecto del nuevo Código Penal, fundamentalmente por lado de la reducción de penas. Ahora, la gran incógnita de política-económica para la semana que se inicia es hasta dónde podrá el Gobierno disimular que ha decidido que el ajuste lo paguen los privados, especialmente, los trabajadores en relación de dependencia, a partir de ponerle un techo a las negociaciones salariales. Y eso que aún falta el impacto sobre los servicios públicos, con un corte de subsidios que se quiere lanzar recién después de las paritarias, para no darle más sustento al pedido de los gremios.